Libertad de prensa, Periodismo, Sin categoría

Prensa británica bajo asedio

Alan Rusbridger durante su comparecencia ante  parlamentarios en diciembre de 2013.
Alan Rusbridger durante su comparecencia ante
parlamentarios en diciembre de 2013.

por Verónica Sánchez y J.A. Brambila

Publicado originalmente en la edición 169 de la revista Zócalo.

SHEFFIELD.- “¿Es usted un criminal, no es así?”, preguntó uno de los parlamentarios británicos al editor en jefe del diario británico The Guardian, “Eso depende del concepto que tenga usted de la libertad de prensa”, respondió Alan Rusbridger, en una inusual comparecencia del periodista por el caso Snowden en diciembre de 2013.

Resulta difícil imaginar que en Reino Unido, una de las primeras democracias del mundo y uno de los países con mayor tradición de libertad de prensa, un periódico con doscientos años de historia sufra amenazas de ser clausurado por lo que aparece en sus páginas. Más impensable aún que sea The Guardian, un medio que ha probado a lo largo de su historia reciente responsabilidad periodística en temas tan delicados como las filtraciones de Wikileaks publicadas en 2010, que implicaron editar y publicar información sensible (cables diplomáticos y reportes militares del gobierno estadounidense) con capacidad de alterar la vida pública y privada de cientos de personas en todo el mundo.

A diferencia de las filtraciones de Wikileaks, de las cuales solamente el seis por ciento eran material clasificado como “secreto”, las de Snowden, que revelaron el espionaje a líderes mundiales incluidos los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pertenecen a una liga diferente, pues el gobierno estadounidense estima que la mayoría de los 1.7 millones de documentos son de carácter “ultrasecreto”; el más alto posible.

El 18 de agosto de 2013, dos meses después de que The Guardian The Washington Post iniciarán la serie de publicaciones sobre las extensas operaciones de espionaje conducidas por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por su siglas en inglés) y su contraparte británica, el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ, por sus siglas en inglés), el gobierno británico informó que un joven de 28 años fue arrestado durante 9 horas, el máximo posible, bajo el artículo siete de la Ley de Secretos Oficiales, en el aeropuerto de Heathrow.

El detenido era David Miranda, compañero del periodista Glenn Greenwald, ex colaborador de The Guardian que publicó por primera vez las revelaciones de Snowden. Su detención ocurrió cuando se disponía a viajar de vuelta a Río de Janeiro, donde vive con Greenwald, de quien es su asistente de información. Miranda venía de Berlín en donde se encontró con Laura Poitras, la realizadora estadounidense que junto con Greenwald y el diario londinense han trabajado sobre los documentos filtrados por Snowden.

Un día después de la detención de Miranda, el 19 de agosto, el editor en jefe del medio inglés, Alan Rusbridger, dio a conocer que se vio obligado a destruir en junio las computadoras que tenían encriptada información filtrada a su periódico por Snowden. De no destruir las máquinas o entregárselas al gobierno,The Guardian podría ser cerrado. Desde el 31 de enero este episodio, en el que tres periodistas del diario desintegraron con taladros las computadoras en el sótano del periódico, mientras eran supervisados por dos miembros del GCHQ, puede atestiguarse en el sitio de internet de ese medio.

Los ataques que recibió The Guardian y sus colaboradores por las publicaciones de Snowden ya han prendido focos rojos entre las instituciones internacionales que velan por la libertad de prensa. Amnistía Internacional advirtió que las presiones al periódico para destruir su material “eran una amenaza a la libertad de expresión”. Frank de la Rue, Relator Especial de la ONU para la promoción y protección para la libertad de expresión, advirtió en noviembre que las acciones del Gobierno británico “están dañando seriamente a la reputación internacional del Reino Unido por su periodismo de investigación y libertad de prensa”. El 12 de febrero, Reporteros sin Fronteras publicó su reporte anual en el que retrocedió de la posición 29 a la 33 a ese país por las presiones que el Gobierno ha ejercido contra ese diario. Scotland Yard, destaca el reporte, “ha asignado un escuadrón de detectives para investigar el rol del periódico The Guardian en el asunto de Snowden”.

Estos ataques contra el periódico londinense adquieren mayor relevancia cuando vemos que sus contrapartes estadounidenses, The Washington Post The New York Times –este último se sumó cuando recibió los archivos que tenía The Guardian poco antes de que el diario británico se viera obligado a destruirlos-, no han enfrentado intimidaciones como el diario británico pese a haber publicado las revelaciones de Snowden.

Mientras de un lado del Atlántico agentes de Estado supervisaron que se destruyeran a mano computadores y una comisión parlamentaria cuestionó al editor en jefe del periódico The Guardian por qué había publicado la información de Snowden, en el otro, el debate giró en torno al contenido de las filtraciones. Mientras en el Reino Unido 70 organizaciones de derechos humanos de 40 diferentes países publicaron una carta abierta condenando la reacción del gobierno de David Camerón contra The Guardianen Estados Unidos el Comité para la Protección de Periodistas denunció al gobierno de Barack Obama de coartar el derecho a la privacidad de los ciudadanos mediante los programas de espionaje revelados por el ex analista.

Más allá del debate en torno a las fuentes periodísticas y la casería que el gobierno estadounidense mantiene contra delatores como Chelsea Manning y Edward Snowden, amerita preguntarse: ¿Por qué el gobierno británico se ha preocupado por el mensajero mientras el americano lo hace más por el mensaje?

Con todo y las diferencias que existen entre sus sistemas de medios, Reino Unido y Estados Unidos han sido clasificados por los estudiosos de los medios de comunicación Daniel Hallin y Paolo Mancini dentro de un mismo modelo liberal. Vale la pena, entonces, cuestionarse por qué al publicar las filtraciones del ex analista los medios han recibido tan diferente trato por parte de las autoridades respectivas de cada país.

Mientras en Estados Unidos la existencia de la primera enmienda y casos como los Papeles del Pentágono han fortalecido el periodismo de investigación, en Reino Unido el marco jurídico ha hecho más difícil la investigación de casos de espionaje por parte de los periodistas.

Aunque en más de trescientos años de historia no ha estado exenta de amenazas, la primera enmienda, que prohíbe cualquier ley que coarte la libertad de expresión y prensa, desde hace más de un siglo ha garantizado que ningún periodista que publique material sensible sea perseguido.

En 1971 The New York Times publicó los Papeles del Pentágono, documentos filtrados por el analista militar Daniel Ellsberg, que pusieron en evidencia las mentiras sistemáticas de la administración del presidente Lyndon B. Johnson (1963-1969) para con el Congreso y el pueblo norteamericano sobre la invasión a Vietnam. A pesar de las voces que clamaban por la cabeza de los directivos y periodistas del medio neoyorquino, acusándolos de “traidores” al igual que un parlamentario británico le sugirió a Rusbridger, la Suprema Corte estadounidense concluyó que no se perseguiría a los informadores pues sólo una prensa libre podía exponer y denunciar el engaño y la opacidad gubernamental.

En contraste, en Reino Unido los periodistas no han gozado por completo de esa garantía. Casi al mismo momento que The New York Times publicó los Papeles del Pentágono, en Reino Unido el periodista independiente Duncan Campbell padeció un proceso criminal por revelar la mera existencia de la GCHQ. De acuerdo a la Ley de Secretos Oficiales, la misma que el gobierno británico aplicó para detener a Miranda y obligar a The Guardian a destruir sus computadoras, aquí un periodista puede ser perseguido como criminal si tiene en sus manos y/o publica documentos secretos de inteligencia. Lo anterior se mantiene salvo que se demuestre que la publicación no haya dañado, o al menos no intencionalmente, el interés nacional.

Mientras en Estados Unidos revelaciones como los Papeles del Pentágono y las filtraciones de Snowden se consideran material protegido en manos de periodistas, en Reino Unido son objeto de investigación criminal. Lo anterior pese a que The Guardian se condujo con los más altos estándares periodísticos desde las primeras publicaciones de las filtraciones, buscando en todo momento salvaguardar la identidad de agentes encubiertos y publicando solamente el material de interés público.

En su intentó por bloquear cualquier filtración desde Reino Unido,  David Cameron persistió en la destrucción sin sentido del material en manos del diario británico a sabiendas que una copia de la información se encuentra fuera de su jurisdicción, como de hecho lo está en manos de The New York Times.

En un artículo publicado en noviembre en la prestigiosa The New York Review of Books, Rusbridger explica que el gobierno británico encuentra extremadamente difícil lidiar con periodistas en temas de espionaje: “¿Cómo diablos se reconcilian algo que debe ser secreto con algo que nos lleva a ser discutido?”, se pregunta el editor.

“Hay mucho de lo que este país puede estar orgulloso”, dijo David Cameron ante el parlamento en noviembre de 2012 cuando se pronunció respecto a las conclusiones del informe del juez lord Brian Levenson sobre los abusos de la prensa británica, “de ser la democracia más antigua del mundo, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de un debate público franco y sano”. Sin embargo, la embestida de su gobierno contra The Guardian está en dirección contraria. Sobre los atentados de Cameron y su gobierno contra la libertad de prensa vale la pena seguir a Rusbridger, quien en su mítica comparecencia señaló: “Cuando un Gobierno llama traidores a los periodistas, es cuando las preguntas deben empezar y no terminar”.

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