Libertad de prensa

El panóptico de Peña

El panóptico de Jeremy Bentham
El panóptico de Jeremy Bentham

Por J. A. Brambila

Publicado originalmente en la edición 175 de la revista Zócalo.

La nueva ley de telecomunicaciones que entró en vigor el mes pasado abre la posibilidad para que diversas autoridades espíen de forma masiva e indiscriminada a los ciudadanos. Me refiero al título octavo de dicha ley (específicamente a los artículos 189, 190 y 194) que contempla que los servidores de servicios de telecomunicaciones conserven hasta por 24 meses datos personales y los difundan, sin que medie necesariamente orden judicial, a las “autoridades correspondientes” – como el Procurador General de la República, los Procuradores de las Entidades Federativas o los agentes del Ministerio Público –. Con esto, los mexicanos están potencialmente en riesgo de ser el blanco de autoridades que podrán conocer sus datos personales, tales como fecha, hora y duración de sus comunicaciones y hasta localización en tiempo real de los dispositivos utilizados. Aunque el Estado mexicano no tiene la capacidad de espiar a todos sus ciudadanos, la mera posibilidad de vigilancia omnipresente es una forma muy efectiva de control, especialmente sobre aquéllos que de una forma u otra representan una piedra en el zapato para el gobierno, como lo son periodistas incómodos, defensores de derechos humanos y víctimas de abusos de autoridad.

Privacidad y libertad de expresión

Bajo el principio de que la vigilancia omnipresente es la forma más efectiva de control, el filósofo inglés Jeremy Bentham inventó el panóptico en el siglo XVII. Su inventó consistía en un edificio cuya innovación residía en que los habitantes del edificio pudieran observar cualquier habitación (celda o aula) sin que los residentes del edificio pudieran observar a los vigilantes. Ya que la institución – que podría ser una escuela, hospital o prisión – no podría observar todo el tiempo a los habitantes, había que crear la aparente omnipresencia del emisor: “Estar incesantemente a la vista de un inspector es perder en efecto el poder de hacer el mal y casi el pensamiento de intentarlo”, preveía Bentham. Al sentirse vigilados todo el tiempo, los residentes de la institución terminaban por interiorizar dicha vigilancia, lo que provocaba que los individuos actuaran controlados sin darse cuenta de ello. El panóptico – innovación sobre la cual se han montado los sistemas de vigilancia más abominables de la historia, tales como la Gestapo, la Statsi y la NSA – tiene efectos devastadores sobre la conducta humana; pues al saberse potencialmente vigilados – incluso en su espacio más celosamente guardado – las personas cambian su comportamiento y, consecuentemente, pierden una parte de su libertad.

Privacidad y marco jurídico internacional

Tomando en cuenta el rol medular de la privacidad en la vida humana, esta es reconocida en el marco internacional vigente no sólo como un derecho humano sino también como un elemento constitutivo de la libertad de expresión – en los artículos 13 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre otros –. Aún más, de acuerdo con un informe especial elaborado en abril de 2013 por Frank La Rue, relator de Naciones Unidas para la Protección de la Libertad de Expresión y Opinión, privacidad y libertad de expresión son dos derechos que están interrelacionados y que cualquier afectación a uno resulta en un daño al otro; en donde el primero, la privacidad, es reconocido como una precondición para ejercer el segundo. Afectaciones a la privacidad, reconoce el reporte, han mostrado un “efecto escalofriante” en contra de las víctimas de abusos, así como inhibición de actividades en periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos. El documento, presentado en el pleno de Naciones Unidas, también reconoce que los Estados tienen la obligación de salvaguardar con toda claridad la privacidad de las comunicaciones electrónicas, incluidas internet, así como blindar sus marcos jurídicos en contra de cualquier arbitrariedad pública y privada.

Claramente la nueva ley de telecomunicaciones no cumple estos estándares internacionales, pero lo deficiente de la nueva disposición es aún más evidente cuando se compara con una legislación progresista como lo es la brasileña Marco Civil, considerada la Constitución de la red. Marco Civil fue aprobada el 22 de abril de 2014 como consecuencia del escándalo que se desató luego que Edward Snowden revelará que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) espió a la empresa estatal Petrobras y a la presidenta Dilma Rousseff. A diferencia de la nueva ley de telecomunicaciones mexicana – que se redactó en total opacidad, discutió solamente por encima y aprobó “al vapor” – la legislación del gobierno brasileño no sólo garantiza en su artículo ocho “la privacidad y la libertad de expresión en las comunicaciones”, así como el “pleno ejercicio de acceso a Internet”, sino que también garantiza la neutralidad de la red —con lo cual se evita la discriminación de la información por parte de los proveedores del servicio—, otra omisión en la legislación mexicana.

Falso debate sobre seguridad y anarquía institucional

En materia de privacidad, diversos actores exclamaron argumentos vagos sobre seguridad para apoyar la controvertida disposición del presidente Peña. El 4 de abril durante la discusión de la reforma en la Cámara Alta, la senadora priista Mely Romero Celis argumentó que su bancada apoyaría la reforma para regular la red, porque  “el internet es un instrumento que se utiliza desafortunadamente para cometer delitos (…) muy graves”. Ya aprobada, las voces que invocaron magros argumentos de seguridad vinieron tanto de organizaciones de la sociedad civil – como Alto al Secuestro y el Observatorio Nacional Ciudadano, que han funcionado para darle legitimidad a los gobiernos en turno – cuanto de autoridades ostentosamente autónomas, como lo es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). El 12 de agosto, a pocos días de que el IFAI decidiera si interponía o no una controversia constitucional por las evidentes violaciones a la privacidad de la nueva ley, las mencionadas asociaciones exhortaron al Instituto a no inconformarse porque las violaciones que la ley imponía al derecho a la privacidad estaban plenamente justificadas para salvaguardar la seguridad nacional. Por su parte, la comisionada del IFAI Patricia Kurczyn Villalobos argumentó que el IFAI estaba de acuerdo con la legislación, entre otras cosas, porque la delincuencia emplea mecanismos novedosos para intervenir llamadas, vigilar personas y familias.

Dejando de lado que es perfectamente posible reconciliar privacidad y seguridad en un marco jurídico que respete los derechos humanos, tal y como ya lo hace la citada legislación brasileña, los argumentos esgrimidos por estos actores recuerdan los que la derecha estadounidense presentó para justificar un aumento en el ámbito de competencias de las instancias de seguridad nacional tras los ataques terroristas en Nueva York. Desde entonces, so pretexto de la guerra internacional contra el terrorismo y de mantener “segura a la nación”, el Congreso estadunidense aprobó presupuestos millonarios a 17 agencias de seguridad (entre ellas la controvertida NSA) para espiar con total opacidad, sin contrapeso alguno y a la sombra del escrutinio público. Según un reporte secreto filtrado por Snowden a The Washington Post, las agencias de seguridad – que en 2013 operaron en conjunto con un presupuesto de 52 mil millones de dólares y con más de cien mil empleados – han sido incapaces de proporcionarle información crítica al presidente en materia de seguridad nacional. Sin embargo, como quedó de manifiesto tras las filtraciones, dichas organizaciones han sido mucho más eficientes en labores de inteligencia muy alejadas de la lucha contra el terrorismo internacional, como lo son recolectar llamadas, datos y metadatos de ciudadanos estadounidenses. De hecho, hasta antes de las revelaciones del ex analista de la NSA, la gran mayoría de los norteamericanos desconocía que sus comunicaciones eran violadas sistemáticamente por agencias de inteligencia, que jurídicamente operaban bajo atribuciones que fueron aprobadas con el pretexto de la seguridad nacional. Dicha situación también fomentó, a partir de la administración de George Bush, una verdadera anarquía institucional que permitió que instancias muy poderosas y opacas – como el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA por sus siglas en inglés) – espiaran a ciudadanos norteamericanos sin previa autorización legal.

Toda proporción guardada, la ambigüedad con la que está redactada la ley permite (o legaliza) una anarquía institucional similar entre las corporaciones e instancias mexicanas que llevaran (y llevan) a cabo espionaje en nuestro país sin cortapisa alguna. En el artículo 190 se les da atribuciones, especialmente sobre geolocalización en tiempo real de comunicaciones, a las “autoridades correspondientes”, sin precisar en ningún apartado a cuáles se refiere. Dicha ambigüedad hace que dicha ley ya sea aprovechada lo mismo para perseguir morosos por parte de la dirección general de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que por instancias de seguridad reacias a rendir cuentas y que, dicho sea de paso, recientemente han incrementado notablemente su capacidad de espionaje. En 2011 la Secretaría de la Defensa Nacional gastó 5 mil millones de pesos en equipo especial para intervenir comunicaciones y mensajes de teléfonos celulares. El 6 de julio de 2013 se confirmó que la Procuraduría General de la República compró el software de espionaje FinFisher – utilizado para el monitoreo de comunicaciones de usuarios particulares y que opera en México en los servidores de Iusacell y Telmex –. Y este año, bajo pretexto de combatir a la delincuencia organizada, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional incrementó su presupuesto 16 veces. Así pues, la nueva ley pone el marco jurídico para que estas y otras instancias de (in)seguridad abusen de la privacidad de los ciudadanos sin que ninguna instancia se los prohíba. Si acaso ya lo hacían, el panóptico de Peña les permite seguir haciéndolo legalmente.

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